El proceso penal debidamente sustanciado conforme a la Constitución de la República y las leyes vigentes es el único medio de establecer jurídicamente si se ha cometido o no un delito, identificar a los responsables y aplicarles las penas previstas en las leyes; o, de ser el caso, proclamar la inocencia de quienes lo son. En todo caso, respetando las decisiones judiciales tomadas con independencia, sin presiones de ninguna naturaleza, lo cual implica respetar el criterio de los jueces.