Cuando la Fiscalía General del Estado, a nombre de la sociedad a la que representa, decide iniciar un proceso penal en contra de un procesado, parte del supuesto de que es indispensable juzgar la conducta punible y sancionar al presunto responsable con las penas previstas en las leyes penales, como último mecanismo de control social, vale decir, porque los demás no produjeron los resultados esperados

El proceso penal debidamente sustanciado conforme a la Constitución de la República y las leyes vigentes es el único medio de establecer jurídicamente si se ha cometido o no un delito, identificar a los responsables y aplicarles las penas previstas en las leyes; o, de ser el caso, proclamar la inocencia de quienes lo son. En todo caso, respetando las decisiones judiciales tomadas con independencia, sin presiones de ninguna naturaleza, lo cual implica respetar el criterio de los jueces.